Indígenas y campesinos denuncian al Estado de Guatemala por permitir explotación minera y forestal

Participantes de del encuentro de la Coordinadora de Autoridades Ancestrales del pueblo Maya Chortí, durante el encuentro del "Día de la Tierra". Foto: José Pilar Álvarez Cabrera


GINEBRA (LWI) A través de la Coordinadora de Autoridades Ancestrales del pueblo Maya Chortí, las comunidades indígenas y campesinas de Guatemala, denunciaron al Estado por permitir la explotación minera y forestal en la región. La agrupación entregó un documento al Procurador de los Derechos Humanos, en el que señalan la ilegalidad de la práctica y por lo tanto le solicitan una intervención urgente. La Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA) participa activamente de todo el proceso de reclamo y acompañamiento.

El documento fue entregado este 22 de abril en el marco de la conmemoración del “Día de la Tierra”, donde se suscribieron dos memoriales muy importantes, uno dirigido al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y otro al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. El primero radica en un reclamo por las concesiones de licencias de exploración y explotación minera en el territorio Chortí, mientras que el segundo a las actividades de explotación forestal de los bosques en la misma región.

“Esta es una demanda contra el Estado de Guatemala por haber autorizado la explotación minera y forestal en su territorio, por lo que los Ministros tienen ahora 30 días para dar una respuesta a las comunidades”, manifestó el Rev. José Pilar Álvarez Cabrera Pastor Presidente de la ILUGUA, que acompaña este y otros procesos de pedido de justicia para el pueblo indígena y campesino de Guatemala. Pilar Álvarez Cabrera señaló que en caso de no recibir respuestas, “las comunidades indígenas presentarán una acción de amparo contra el mismo Estado de Guatemala en la Corte Suprema de Justicia” y que ya se están preparando para realizar presentaciones ante organismos internacionales.

En la denuncia enviada al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala le solicitaron su intervención, debido a que, tal como analizan, ambas actividades son ilegales, porque no respetan los convenios internacionales ratificados por Guatemala. En la denuncia, la Coordinadora de Autoridades Ancestrales entiende que las explotaciones autorizadas por el Estado de Guatemala sobre los territorios de las comunidades chortis del Departamento de Chiquimula, contraviene con lo establecido en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración Universal sobre los derechos de los pueblos.

Red de Comunicaciones - LAC