Se agrava en Guatemala situación de defensores del derecho al agua
CIUDAD DE GUATEMALA / Guatemala (LWI) La Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA) denunció junto a otras organizaciones, lo que consideró como agravamiento de la situación de los campesinos, las campesinas y los defensores y defensoras del derecho humano al agua de las comunidades indígenas de Zacapa. La nueva denuncia pública fue realizada este 27 de junio, dieron cuenta que después de la restricción al agua, la justicia está siendo parcial, además de perseguir y presionar a los líderes y lideresas que están luchando de manera pacífica en contra de la vulneración de los y las más débiles.
“Las Comunidades de Peralta, Matasano, Cerro Grande, Cerro Chiquito, Jicaral y La Trementina del municipio y departamento de Zacapa, están viviendo una situación crítica por la falta del agua como consecuencia de la destrucción de las tuberías del acueducto el pasado 8 de junio 2019. Ninguna persona se ha hecho responsable de los hechos”, dijeron desde ILUGUA, aclarando que varias personas “fueron citadas por el Juzgado de Paz del Ramo Penal… para una junta conciliatoria”. Lo que fue analizado como una maniobra “para criminalizar la labor de defensa de derechos humanos en Guatemala”.
De todos modos, los defensores y las defensoras comparecieron ante la justicia y luego señalaron con preocupación que “están siendo vulnerados los principios de independencia, imparcialidad, legalidad e igualdad en el ámbito judicial, siendo la más grave violación al haber exigido orden judicial para realizar manifestaciones pacíficas en defensa de los bosques, a pesar de no existir disposición legal que obligue a pedir una autorización”.
“Nos preocupan las amenazas, las intimidaciones, la cooptación de los liderazgos, la recurrente destrucción de las tuberías del proyecto de agua de La Trementina y las otras aldeas”, nresponsabilizando a “los empresarios madereros titulares de licencias de explotación forestal de cualquier acción que atente contra la vida e integridad de los defensores y defensoras del derecho al agua y la de sus familias”.
Desde ILUGUA lamentaron la situación, e insisten en la búsqueda de una solución pacífica, dialogada y consensuada al conflicto que ya lleva varios años. Por lo que exigen que se investigue el actuar y proceder de la jueza y se realice una investigación penal por la destrucción continua de las tuberías de agua de la región. Al mismo tiempo, solicitaron a los medios de comunicación seguir visibilizando la situación adversa que atraviesan las personas defensoras, así como el respaldo a la sociedad civil y los organismos internacionales, para poder continuar ejerciendo el “legítimo derecho de efectuar manifestaciones pacíficas en defensa del agua y los bosques”.
Red de Comunicaciones – LAC
